ant-arq: Derechos para todos.

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Mie Mayo 7 10:01:09 ART 2003


Enviado por la Dra Noris Pignata Grupo evaluador de la situacion de
jovenes institucionalizados

noris en ciudad.com.ar

Estimados:
Les envio el texto de una nota dirigida al Senado de la Provincia de
Buenos Aires, solicitándole que actuen a favor de la vigencia de los
Derechos Humanos de los Niños, niñas y adolescentes de la
provincia,
instando a quien corresponda a poner en funcionamiento la ley
12607, y
acordando con el analisis del Proyecto de Ley de Niñez y
Adolescencia
realizado por el CASACIDN, acordando que es el decreto ley 10.067
con
ropaje moderno, pero lastimosamente transparente. Es importante
que todos
participemos para que los funcionarios de cualquiera de los poderes
del
estado entiendan que deben gobernar para todos y no para un
grupo, todos
somos seres humanos y merecemos respeto. Noris Pignata.

Transcribo el texto de la carta, para enviar su adhesion al COMITE
ARGENTINO DE SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LA
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, CASACIDN,
casacidn en fibertel.com.ar

Tambien se puede copiar el texto de la carta en un mail nuevo y
enviarla
directamente a algunas de las siguientes direcciones:

Secretaria privada del Sr Felipe Sola
sprivgob en gba.gov.ar

Ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires
Dr. Federico Carlos Scarabino
privamin en gob.gba.gov.ar


PRESIDENTE DE
LA CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
SENADOR ALEJANDRO HUGO CORVATTA


Comision de niñez, adolescencia y familia
Sr. Presidente
Senador COIRINI
c_naflia en senado-ba.gov.ar

Secretaria de Derechos Humanos
sdh en sdh.gba.gov.ar


TEXTO DE LA CARTA
A la

Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires





                                     Todas las personas y organizaciones
                                     firmantes de la presente,
                                     involucradas en la defensa de los
                                     derechos humanos de los niños, niñas
                                     y adolescentes, le solicitan a los
                                     senadores de la Provincia de Buenos
                                     Aires, que tomen en cuenta el
                                     documento emitido por el COMITÉ DE
                                     SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA
                                     CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LOS
                                     DERECHOS DEL NIÑO, ante el proyecto
                                     de ley que esta Cámara tiene en
                                     tratamiento titulado "Ley del Niño y
                                     del Joven", presentado por el Senador
                                     Corvatta y otros.



                                     Coincidimos en el análisis realizado
                                     en dicho documento, y nos sentimos
                                     horrorizados por el retroceso en
                                     términos de respeto de la doctrina
                                     internacional de derechos humanos que
                                     significaría aprobar un proyecto de
                                     esta naturaleza.



                                     Como ciudadanos y organizaciones de
                                     la sociedad civil interesados en el
                                     respeto de la Convención
                                     Internacional sobre los Derechos del
                                     Niño y la Constitución Nacional,
                                     queremos manifestar nuestro repudio a
                                     este proyecto de ley que reafirma los
                                     contenidos del Decreto/Ley 10.067 del
                                     año 1983, producto de la dictadura
                                     militar que cercenara los derechos de
                                     todos los ciudadanos, en pos de
                                     intereses de orden y seguridad
                                     nacional, que en virtud de su
                                     amplitud permitieron la comisión de
                                     los delitos mas aberrantes que
                                     registra nuestra historia reciente.



                                     Los niños, niñas y adolescentes de la
                                     Provincia de Buenos Aires, ya cuentan
                                     con una ley adecuada a la
                                     Constitución Nacional y que contempla
                                     su status de sujeto de derechos, así
                                     como una organización institucional
                                     mas adecuada para el respeto y
                                     efectividad de los mismos.



                                     Queremos recordarle que en el año
                                     2000 fue sancionada por unanimidad,
                                     por la legislatura provincial que
                                     ahora retrocede en el tiempo, la ley
                                     12.607, que no se encuentra vigente,
                                     por ingerencias ilegales de otro
                                     poder en detrimento de las decisiones
                                     del legislativo.



                                     La única opción es poner en vigencia
                                     la ley 12.607, no presentar proyectos
                                     maquillados de control social penal
                                     sobre la infancia y adolescencia que
                                     ya es víctima de la violación de los
                                     derechos económicos, sociales y
                                     culturales y que verá agravada su
                                     situación por la intervención
                                     discrecional e ilimitada del juez de
                                     menores.



                                     En momentos donde estamos
                                     redefiniendo nuestra identidad como
                                     país y constituyendo instituciones
                                     respetuosas de la participación
                                     ciudadana, debemos generar normas
                                     legales que enfaticen el cumplimiento
                                     de los derechos humanos de todos, y
                                     no crear sistemas de represión y
                                     coerción que sustituyan la
                                     inexistencia de políticas públicas
                                     que garanticen el goce de los
                                     derechos económicos, sociales y
                                     culturales.



                                     Instamos a los Sres. Legisladores a
                                     pronunciarse en contra del proyecto
                                     de "Ley del Niño y del Joven", y a
                                     realizar todas las acciones
                                     necesarias para que las autoridades
                                     administrativas y judiciales cumplan
                                     con la ley 12.607.







1-. Diputada Laura Musa

2-. Gimol Pinto- CS de la Comisión de Minoridad del Colegio Publico
de
Abogados de la     capital Federal.

3-. Pablo Villegas- Secretario General CASACIDN

4-.Diputada Marcela Rodríguez

5- Noris Pignata - Grupo evaluador de la situación de jóvenes
institucionalizados.







TEXTO ENVIADO POR EL CASACIDN CON LA OPINION SOBRE
EL PROYECTO DE LEY.








Ante el proyecto de ley de la Provincia de Buenos Aires "Ley del
Niño y
del Joven", presentado por el Senador Corbatta y otros;  el
CASACIDN
expresa:





  1.. La Convención sobre los Derechos del Niño


Desde la incorporación en nuestro derecho interno en el año 1990
de la
Convención sobre los Derechos del Niño, y a la Constitución
Nacional en el
año 1994, ha quedado incluido de forma clara la noción de los niños,
niñas
y adolescentes como sujetos con derechos y garantías que deben
ser
respetados y cumplidos por la familia, la comunidad y el estado.



La Convención sobre los Derechos del Niño planteó asimismo la
necesidad de
redefinir el rol del Estado respecto de los niños y sus familias, en
términos de legalidad, racionalidad y efectividad de sus derechos.
Así, se
tornó imperioso revisar las leyes que regulan la condición jurídica e
institucionalidad de la infancia, en el ámbito nacional y de las
provincias.





  2.. Provincia de Buenos Aires: decreto-ley 10.067 de la última
dictadura
  militar. Necesidad de reforma. Ley 12.607 suspendida


En el ámbito de la provincia de Buenos Aires rige desde el año 1983
el
decreto-ley 10.067/83 de la última dictadura militar, una de las
normativas más violatorias de los derechos humanos de los niños,
niñas y
adolescentes del país, que parte de considerarlos como objetos,
meros
depositarios de las políticas represivas- asistenciales del gobierno de
turno y castigadora de los más jóvenes y sus familias excluidos.



El sistema creado por esta ley centraliza en la figura del juez de
menores
la solución a las cuestiones asistenciales, civiles y penales de las
personas menores de edad y sus familias, negándoles el pleno
respeto de
sus derechos y garantías, e incluso pudiéndoles aplicar medidas
restrictivas de derechos (como la internación) con el pretexto de
supuesta
"protección", sin posibilidad de defenderse o cuestionar tal decisión.



Por ello, se ha tornado imperioso derogar el sistema institucional
(judicial y administrativo) organizado por esta normativa, y crear un
nuevo sistema para la protección integral de los derechos de niñas,
niños
y adolescentes de la





provincia, respetuoso de  todos sus derechos y garantías, y con
plena
aplicación en los ámbitos administrativos y jurisdiccionales.



Así, fue sancionada en el año 2000 por unanimidad de la Legislatura
provincial, la ley 12.607, que más allá de algunos problemas en la
regulación de un nuevo sistema institucional para la infancia, deroga
el
decreto-ley 10.067/83. Sin embargo, su entrada en vigencia se
encuentra
suspendida provisionalmente por la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos
Aires, y esta medida cautelar lleva ya dos años de dictada sin
resolver la
cuestión de fondo.  Por lo tanto, se continúa aplicando el decreto ley
10.067/83.





  3.. Proyecto de ley  "Ley del Niño y del Joven"


Si bien en la primera parte del proyecto de ley se proponen
genéricamente
los principios estructurantes de la Convención sobre los Derechos
del Niño
y del modelo de la protección integral de sus derechos, a poco de
ahondar
en el texto normativo estos son abiertamente contradichos.



Así, esta propuesta normativa es contradictoria, ya que formalmente
parece
enrolarse en el nuevo modelo creado por la Convención sobre los
Derechos
del Niño, pero en el mismo cuerpo ratifica el funcionamiento de la
institucionalidad de la infancia actual (justicia, policía, instituciones
de "menores" dependientes del poder ejecutivo provincial) con el
falso
pretexto de crear un nuevo sistema, que no es más que  reproducir
el que
diariamente padece la infancia excluida de la provincia.



Para graficar algunos de estos problemas, se detallan algunos
aspectos que
merecen una revisión integral en el proyecto de ley en cuestión:



a)     Judicialización de cuestiones sociales, económicas,
asistenciales.
El texto judicializa desde el primer momento en cabeza del Juez de
menores
absolutamente todas las cuestiones relativas a la infancia (art. 59),
con
especial énfasis en las familias que sufren carencias materiales.
Este
principio se opone al reglamentado en la ley 12.607, actualmente
suspendida, que otorgaba a los municipios la atención primaria de
una
serie de conflictos que no revestían naturaleza jurisdiccional.



Además, al ser considerados estos problemas de contenido social,
económico
 y asistencial en forma aislada e individual, impide visualizarlos como
de
tipo colectivo que permita la articulación de los diversos sectores
públicos y sociales para su solución, a la vez que señala al niño y su
familia, estigmatizándolo, sometiéndolos a la intervención judicial
individual, lo que permite la justificación judicial del castigo a la
pobreza.









b)     Facultades omnímodas del Juez de menores. El juzgado de
menores se
erige en una especie de  super poder extra constitucional, ya que
viola el
principio republicano de gobierno al concentrar en un solo poder -el
judicial- la suma del poder público para la infancia. Esto es, el juez
de
menores reúne en un solo poder todas las facultades (investigación,
juzgamiento, ejecución, protección asistencial, sanción, etc.) y
competencias en relación a las personas menores de edad (niños
víctimas de
delitos, de contravenciones, acusados de delitos, por cuestiones
civiles,
por cuestiones asistenciales, etc.). Es decir, será el mismo juez el
que
va a intervenir en casos que van, por ejemplo, desde el pedido de
obtención del DNI de un niño por no tener recursos,  la protección a
niños
víctimas de delitos, la definición de guardas, hasta la intervención
cuando están imputados por la comisión de delitos, en todas las
etapas.

A su vez, esta regulación viola otras normativas procesales y
principios
de organización judicial de la provincia, como lo reglamentado en el
Código Procesal Penal y en la normativa que organiza el Fuero de
Familia.



c)     Confusión de las cuestiones penales, civiles y asistenciales. El
mismo órgano judicial es el que se encarga del tratamiento de todas
las
cuestiones de  la infancia sometida a ella (la infancia marginada),
desde
cuestiones civiles, hasta la protección de niños víctimas de delitos y
contravenciones, aplicación de medidas de protección, investigación
y
juzgamiento  de delitos cometidos por personas menores de edad, y
ejecución de las sanciones. Además, estos procesos regulados en
forma
confusa, y contradictoria, con expreso apartamiento a lo regulado
en otras
normas procesales del territorio, y con menos derechos y garantías
a los
niños y niñas, a la vez que sometidos a la libre discrecionalidad del
juez
de menores para la aplicación de las medidas.



d)     Confusión de roles en el Ministerio Público. El proyecto
organiza
un ministerio público tripartito (asesor, defensor y fiscal) cuyas
funciones se superponen y se contradicen entre sí, redundando en
un serio
perjuicio para el respeto de los derechos de la infancia atrapada por
el
sistema judicial, que no garantiza de ninguna forma la garantía
constitucional irrestricta de defensa y del debido proceso.









e)     Amplia aplicación de la privación de la libertad. Puede ser
aplicada indiscriminadamente por cuestiones penales, incluso en
forma
preventiva ampliamente, y por cuestiones de protección. Si bien
declarativamente se manifiesta en la primera parte su aplicación
restrictiva y excepcional, esta resulta un recurso que puede ser
utilizado
discrecionalmente por el juez de menores en la mayoría de los
supuestos, e
incluso fundado en fundamentos acerca de la familia del niño o niña
o su
condición socio- económica.



f)       Escasa participación de la sociedad civil. Si bien en el
proyecto, se menciona la participación de la sociedad civil como
uno de
los principios, esta termina desdibujada. Al estar todas las funciones
centradas en el rol del juez de menores, la función de los demás
organismos se circunscribe a meramente ejecutar las decisiones
impuestas
por el poder judicial, por lo que su participación es limitada.



En síntesis, este proyecto representa la más cruda expresión del
gatopardismo corporativista de la provincia,  decir que se cambia
algo
para no cambiar nada, pero que conlleva legitimar instituciones y
prácticas aberrantes para la infancia excluida.







Pablo Villegas      Secretario  General

Nora Shulman          Coordinación Ejecutiva

Sra. Estela Barnes de Carlotto
                                     Presidenta
                       CASACIDN


















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